La dinamización del derecho empresarial contemporáneo ha llevado a que se requieran mecanismos alternativos de liquidez que trasciendan la banca tradicional. En este contexto, la formalización de una alianza estratégica entre la Superintendencia de Sociedades y la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, se posiciona como un mecanismo para fomentar el factoring como modelo de financiación empresarial.
Este acuerdo, suscrito mediante un Memorando de Entendimiento en agosto de 2026, busca consolidar el factoring como una herramienta estratégica para la salud financiera de las organizaciones, en especial de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que representan más del 99 % del tejido empresarial colombiano.
La financiación en América Latina enfrenta un acceso limitado al crédito bancario, debido a las altas exigencias de garantías reales y a las elevadas tasas de interés. El factoring, bajo un esquema colaborativo, puede democratizar el acceso a recursos. De esta manera, la estructuración de redes de cooperación entre instituciones participantes permite compartir riesgos, optimizar plataformas tecnológicas de validación electrónica y garantizar la trazabilidad de las facturas electrónicas, reduciendo los costos de transacción y los posibles riesgos de fraude.
Por este motivo, una alianza de esta naturaleza permite dinamizar la cadena de suministro al integrar de manera eficiente a proveedores y compradores. Cuando un proveedor logra anticipar el cobro de sus facturas mediante una tasa competitiva negociada colectivamente, estabiliza su capital de trabajo, cumple oportunamente con sus obligaciones laborales y tributarias, y adquiere capacidad para invertir en innovación o expansión.
Por su parte, el comprador u ordenante fortalece su relación con la cadena de valor al asegurar la continuidad operativa de sus proveedores estratégicos sin descapitalizar su propio flujo de caja, generando un ecosistema de confianza y reciprocidad comercial.
El éxito de estas alianzas está relacionado con la seguridad de los títulos valores y la eficiencia de los registros de garantías, respaldados sólidamente por normativa como la Ley 1231 de 2008, que unifica la factura como título valor, y por los decretos reglamentarios relacionados con la circulación de la factura electrónica.
Es imperativo que el marco normativo respalde la irrevocabilidad de la cesión de créditos y otorgue certeza jurídica a los actores intervinientes. La digitalización integral del proceso, respaldada por firmas electrónicas y plataformas de interoperabilidad, permite que la circulación de la factura electrónica funcione como un instrumento de financiación ágil, transparente y seguro.
Adicionalmente, el componente educativo tiene un rol determinante. Muchas empresas desconocen las ventajas técnicas del factoring frente al descuento bancario tradicional o temen incurrir en costos ocultos. Por consiguiente, las alianzas estratégicas deben contemplar programas de capacitación y sensibilización empresarial, liderados por cámaras de comercio y entidades de fomento.
Estos espacios formativos deben enseñar a los empresarios a gestionar financieramente su flujo de caja, integrando herramientas tecnológicas que simplifiquen la operación diaria.
El fomento del factoring a través de alianzas estratégicas representa una evolución necesaria hacia mercados más líquidos, inclusivos y resilientes. Al alinear los intereses de la tecnología y el sector financiero, se logra superar uno de los principales desafíos de la economía real: la iliquidez transitoria derivada de la cartera pendiente de cobro.
Consolidar este instrumento puede contribuir a reducir la presión financiera de las empresas y potenciar su competitividad a largo plazo, configurando un pilar fundamental para el desarrollo económico sostenible.